La denuncia presentada por las asociaciones Sherpa, el Colectivo de Partes Civiles por Ruanda e Ibuka Francia en contra del banco BNP Paribas por supuestamente haber financiado la compra ilegal de armas en Ruanda durante el genocidio de 1994 ya está bajo investigación de un juez en Francia.
Este proceso deberá concluir si el banco francés es responsable de contribuir con el gobierno del país africano para la compra de armamento para cometer genocidio contra los “tutsis” en el país por porte de milicias “hutus”, y con un embargo de armas impuesto por la ONU.
Los delitos que se persiguen son complicidad de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Este caso se divulgó en junio de este año, cuando las asociaciones referidas anunciaron que demandarían a la institución financiera por "complicidad de genocidio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad" en el genocidio de Ruanda de 1994.
La asociación anticorrupción Sherpa, el Colectivo de Partes Civiles para Ruanda (CPCR) y la ONG Ibuka France acusaron a BNP Paribas del financiamiento de 80 toneladas de armas, que sirvieron para perpetrar el genocidio.
Las tres asociaciones afirman que BNP autorizó en junio de 1994 dos transferencias de fondos de una cuenta que tenía el Banco Nacional de Ruanda (BNR) en su entidad a una cuenta en el banco suizo UBP", a nombre de Willem Tertius Ehlers, un intermediario sudafricano "propietario en aquel momento de una empresa de armas llamada Delta Aero", de acuerdo con información de la agencia AFP.
Según las asociaciones denunciantes las transferencias fueron por más de 1.3 millones de dólares y se realizaron un mes después de que la ONU decretó un embargo de armas a Ruanda, donde había comenzado el genocidio de los tutsi.