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Aprueban diputados por mayoría eliminar fuero constitucional incluido el presidente

Los diputados aprobaron la iniciativa donde todos los funcionarios públicos ya no gozarán de ese beneficio

Diputados eliminan fuero a funcionarios públicos, incluido el presidente
Escrito por: Roberto Romero Abril 19, 2018, 2:48 p.m. Qué debo saber

La Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero de todos los funcionarios de estado y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El primer mandatario, quien dejará el cargo el 1 de diciembre de este año, podría ser juzgado sin que pueda ocupar el fuero para su defensa en caso de acusaciones en su contra.

La Junta de Coordinación Política aprobó someterla a votación, de ahí será enviada al Senado de la República para que se avale la próxima semana. Por esa razón Peña Nieto deberá promulgarla para que entre de inmediato en vigor.

La Comisión de Puntos Constitucionales explicó que con la reforma acabará “la impunidad” y los funcionarios dejarán de escudarse en el fuero constitucional para no ser investigados cuando sean acusados de cometer algún delito.

El dictamen en un principio no contemplaba desaforar al presidente de la República, pero se modificó y alcanza a la máxima envestidura del país.  Queda así:  “Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político: el presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos”.

Destaca el hecho de que los magistrados electorales y los miembros del Instituto Nacional Electoral (INE), que han sido cuestionados, quedarán en desafuero, y ya no sólo serían sujetos de juicio político y serían procesados.

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