El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, con 242 votos a favor, 190 en contra y cero abstenciones.
Esta nueva disposición busca prohibir los delfinarios con fines de explotación comercial en el país y la votación finalmente se logró después de que hubiera dos intentos fallidos el 6 y el 20 de abril, después de que los diputados de MORENA, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano abandonaran el pleno.
En la disposición se establece que la única forma en la que se podrán mantener estos animales en cautiverio es con fines de investigación orientada a su conservación, que realicen instituciones de educación superior y de acuerdo con la normatividad aplicable.
En los artículos transitorios, el dictamen establece que los propietarios y poseedores de mamíferos marinos en cautiverio contarán con un plazo de 30 días naturales para integrar un inventario, el cual deberá ser entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su validación a más tardar los siguientes 30 días naturales al vencimiento del plazo referido.
El expediente deberá acreditar su legal procedencia, el número de registro, tipo de marcaje con el que cuenta el ejemplar y cualquier otro dato que establezca la dependencia. Además, contenendrá datos del ADN y registro fotográfico de la aleta dorsal de cada ejemplar. Para el caso del registro de ADN, se les otorgará un plazo de hasta nueve meses adicionales.
Los ejemplares de las especies mencionadas que formen parte del inventario podrán continuar en cautiverio para que cumplan todos y cada uno de los fines para los que recibieron la autorización correspondiente y la normatividad ambiental en materia de trato digno y respetuoso.
Queda prohibida la reproducción en cautiverio de las especies de mamíferos marinos, con excepción de aquella que se lleve a cabo para la recuperación, reintroducción y repoblación de especies sujetas a alguna categoría de protección.
El documento surgió de una iniciativa del diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Berunda, y tras su aprobación se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.