La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos por 6 mil 879 millones de pesos en la actual administración federal. Estos habrían ocurrido entre 2012 y 2016 mediante la triangulación de recursos vía contratos entre dependencias.
Al dar a conocer ayer el Informe General de la Cuenta Pública 2016, el organismo alertó sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos entre entidades públicas.
Algunas de las dependencias involucradas en estos desvíos son la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDATU), la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el ISSSTE, Diconsa, Conapesca, la Comisión Federal de Electricidad y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.
La ASF cita en su informe que “la cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante".
En la revisión de 2016, la ASF reportó en 12 auditorías la simulación de servicios contratados para consultorías, asesorías y servicios relacionados, así como en la realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.
Para acabar con estas irregularidades y aminorar la opacidad, propuso obligar a los titulares de las dependencias a firmar los contratos.
La ASF explicó que los convenios entre dependencias del sector público se hicieron al amparo de la excepción permitida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para realizar asignaciones directas entre dependencias públicas.