Aún con baja probabilidad de aprobación, Introducir en la agenda pública las iniciativas enviadas por AMLO afectan la estabilidad económica y política: IMCO

Aunque la “actual conformación del Congreso permite anticipar la baja probabilidad de aprobación” para las reformas planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este periodo de sesiones, “su presencia y discusión en la agenda pública y en la agenda legislativa provoca incertidumbre que afecta la estabilidad económica, política y social” aseguró el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).
La organización agregó que las iniciativas no sólo son ambiciosas en su alcance, sino que de concretarse, demadarían cambios constitucionales profundos, incluida una reforma fiscal que permita financiar, especialmente lo relacionado con el sistema de pensiones.
Como se sabe, el ejecutivo envió al Congreso dos iniciativas que pretenden modificar dos artículos de la Constitución relacionados con el funcionamiento del sistema de pensiones:
El primero, el artículo 123. El cual establecería la obligación del Estado mexicano de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS (16,777.68 pesos). Lo anterior, garantiza una tasa de reemplazo del 100% para los trabajadores cuyos salarios sean inferiores a este umbral.
El segundo el artículo 4 que reduciría de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, es decir, financiada con cargo al erario.
El IMCO detalló que en “caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050”.
Añadió que ahora las pensiones ya representan un porcentaje importante del gasto del sector público federal (22%) “un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país”.
Por lo que hace a la reforma a los salarios, esto es el artículo 123 (Apartado A, fracción VI), que propone que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales nunca deberá estar por debajo de la tasa de inflación anual observada en el año, esto además de la adición que se hace en la fracción IV del Apartado B, con la cual se fija que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, docentes de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Nacional permanente, médicos y enfermeros recibirán un salario mensual que no podrá estar debajo del salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS.
El IMCO hace ver que de aprobarse, se requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al salario mínimo tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores.
Puesto que de lo “contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad o un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleos, al ejercer presión sobre los costos enfrentados por los productores”.
En cuanto a la iniciativa que busca elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajen ni estudien para que se capaciten por hasta 12 meses, el IMCO subrayó que la capacitación que ofrece el programa dura máximo un año, periodo en el cual los y las jóvenes reciben seguro médico a través del IMSS y una beca mensual de 7 mil 572 pesos. Este monto se calcula con base en el salario mínimo, por lo que presenta un incremento real anual de 60% desde 2019.
Sin embargo, destacó que dicho cambio legislativo “pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal”.
En cuanto a la desparición de siete órganos autónomos considero que de materializarse “la arquitectura institucional estaría desequilibrada dada la concentración de las decisiones clave en el poder ejecutivo”.
Además, resaltó que la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC.