Bayer impugnó reforma que permite a México comprar medicamentos vía la UNOPS

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo de la farmacéutica alemana Bayer que impugnó la reforma que permite a México comprar medicamentos en el extranjero con licitaciones  de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la agencia española EFE la firma teutona busca que se suspenda el cambio a la Ley de Adquisiciones como consta en el expediente 796/2021.
En el mismo se señala que en el fallo fechado el 18 de junio se señala que  “se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión".
Bayer se muestra inconforme con la reforma promulgada en agosto pasado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales internacionales.
Como se sabe la reforma ha desatado polémica porque el presidente Andrés Manuel López Obrador la justifica por la necesidad de resolver el desabasto de medicamentos, en particular de enfermedades como cáncer y VIH que afronta la salud pública desde el inicio de su sexenio a finales de 2018.
En la información se destaca que el jefe del ejecutivo incluso ha denunciado “sabotaje” de sus adversarios porque “él ha combatido la corrupción en las compras, al señalar que en el sexenio pasado solo 10 empresas -ligadas a políticos-, concentraban casi 80 % de los contratos.
De acuerdo con el último informe del gobierno del 27 de mayo pasado, se han pagado 43 mil millones de pesos (2,150 mdd) a la UNOPS para comprar 730 claves de medicamentos con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras.
No obstante, Bayer al igual que otras compañías, ha solicitado al Poder Judicial declarar inconstitucional la reforma al considerar que viola la competitividad y afecta a los consumidores.
Es importante destacar que el juzgado que admitió la demanda rechazó conceder por ahora una suspensión provisional de la ley, al argumentar que "el orden público y el interés social prevalecen en relación al interés particular".
En la resolución se indica que “procede negar la suspensión solicitada, dado que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo".