Cambios a la Ley Eléctrica implican una "expropiación indirecta": CCE

La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una expropiación indirecta, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En un comunicado señaló que de “ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad”.
De acuerdo con la agrupación, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador intenta impedir, “arbitrariamente”, la competencia en el sector eléctrico nacional y viola los derechos de libre concurrencia y la certeza jurídica.
Asimismo consideró que es “inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia”.
Como se sabe apenas el 1 de febrero de 2020, el jefe del ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para cambiar dicha Ley -aprobada durante la Reforma Energética del sexenio del Enrique Peña Nieto en 2013-, la cual favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega a la iniciativa privada, e incluso pretende revocar permisos otorgados por el regulador energético.
El CCE señaló que la iniciativa rompe con la promesa de López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.
De hecho el consejo del que forman parte los principales grupos empresariales del país enlistó cinco daños que ocasionarán los cambios propuestos puesto que “abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad”.
Además “atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones”. Igual “viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular”, y “va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019.”