Al modificar la acusación en contra de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, a "asociación delictuosa" en lugar de delincuencia organizada la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la puerta para que éste enfrente su proceso en libertad.
Aún cuando también se le acusa de lavado de dinero, cabe señalar que ambos no se consideran delitos graves y sólo requieren prisión preventiva de oficio.
Eso sí la PGR solicitará al juez que aplique medidas cautelares ante el riesgo de que Duarte se fugue si se aplica la prisión preventiva.
Cabe recordar en junio de 2017 tanto la PGR como Israel Lira a cargo de la Subprocaduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acusaron a Duarte de ser líder de una red criminal que, mediante un complejo entramado, desvió millonarios recursos públicos por mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, aunque se reconoció que el quebranto podría aumentar hasta los 3 mil 150 millones de pesos.
Advirtió que los recursos saqueados del erario se introdujeron al sistema financiero a través de las “empresas fachada” utilizadas también para la compra de múltiples propiedades.
El titular de la SEIDO explicó entonces que la red que encabezó Duarte uso dos empresas clave, Consorcio Brades y Terra Urbanizadores, mismas que fueron fondeadas por 27 “empresas fachada” y lavadoras de dinero.
La PGR dio a conocer que tenía 82 “datos de prueba” para acreditar que el ex priísta era líder de la citada red criminal.
Ahora un juez de control determinará en una audiencia, a realizarse en una fecha aún por definir, si las pruebas de la PGR son suficientes para que el caso se lleve a juicio oral o simplemente son insuficientes.
Entre los datos de prueba que la PGR aseguró tener, está la declaración de cuatro de amigos y ex colaboradores de Duarte, documentos públicos de la constitución de empresas, estados de cuentas bancarias, incluso de instituciones ubicadas en el extranjero, y escrituras públicas de empresas.