El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la consulta ciudadana sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de México carece de validez pues no ofrece garantías y tampoco cuenta con elementos de imparcialidad.
Además, debido a que el proyecto es “inminentemente técnico”, son las autoridades e instituciones correspondientes las que deben tomar la determinación de dónde debe estar el nuevo aeropuerto si en la base militar de Santa Lucía o en Texcoco.
“Las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, señala el organismo.
Por lo pronto, el CCE reiteró su posición a favor de continuar con la construcción en Texcoco debido a que, de acuerdo con el organismo, ofrece mayores niveles de funcionalidad.
Añadió que consultar a los ciudadanos sobre el nuevo aeropuerto, “además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal".
Indicó que no se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante.
Para el máximo organismo de representación del sector privado en México, como está planteada la consulta no ofrece garantías de imparcialidad ya que tiene un marcado sesgo en su formulación y esto lo “deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía”, advierte.
“Consideramos que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo ya que en definitiva no puede sustituir a las decisiones del estado.
La consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto se realizará del 25 al 28 de octubre y para participar se necesita solamente presentar la credencial de electos, para ella se instalarán mil 73 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades del país.