A 52 días de la elección y con su candidatura al Senado en litigio, Napoleón Gómez Urrutia y el sindicato minero fueron condenados a regresar 54 millones de dólares para repartirlo entre sus agremiados.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), resolvió favorablemente por segunda vez, demandas presentadas en 2006 por trabajadores que alegan que el sindicato no les entregó los recursos que habían sido depositados para su beneficio por la empresa minera Grupo México en un fideicomiso.
La organización sindical quedó en control del dinero en 2005, y este caso fue el que provocó acusaciones penales por las que Gómez Urrutia se exilió en 2006 en Vancouver.
Actualmente, Gómez Urrutia aspira a un escaño como senador plurinominal por MORENA, aunque el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) tiene pendiente resolver si la renuncia que presentó a su ciudadanía canadiense es suficiente para considerar que dejó de tener doble nacionalidad, pues dicha condición es impedimento para acceder al Senado.
La Junta agregó que era obligación del sindicato repartir el dinero, sin que esté probado que se hicieron los pagos.
La autoridad había ya dictado un laudo similar a finales de 2012, que el sindicato impugnó mediante un amparo ante tribunal colegiado en materia laboral.
Todo este caso se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Mexicana de Cananea, que estaba en suspensión de pagos, y se comprometió a darle al sindicato minero una participación accionaria de 5%.