Además del desvío de 250 mdp hacia el PRI, la administración de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, envío otros 379 mdp en efectivo para estos mismos fines y sobornos a legisladores.
Fue a través de un supuesto contrato con la empresa Asesoría y Servicios Online, S. A. de C.V., que al mismo tiempo concentraba dinero en efectivo en el local de la compañía Manzil Construcciones, en la capital del estado.
Antonio Tarín García, que actualmente está preso y quien era director de Adquisiciones del gobierno estatal, enviaba en efectivo los recursos a esa empresa. De acuerdo con un testigo, el dinero fue usado para pagar por votos a diputados locales, deudas del gobierno, servicios legales y campañas del PRI en 2016.
El testigo asegura que, una vez que Tarín recibía las cajas de dinero en su oficina, las enviaba a Gerardo Villegas, director de Administración de la Secretaría de Hacienda en la entidad.
Había reuniones con autoridades hacendarias en las que se decidía cómo iban a gastar los 379 millones de pesos del contrato referido.
En una reunión se acordó que unos 22 millones de pesos se destinarían a repartirlos entre diputados. También se destinarían 6 millones para Ricardo Sánchez, abogado de Duarte.
Entre 6 y 8 millones de pesos se usarían para pagar el mobiliario faltante de los edificios gubernamentales en Ciudad Juárez y Parral, y 7 millones serían enviados al ex auditor superior estatal, Jesús Manuel Esparza Flores, para que cubriera irregularidades. El demás dinero fue para campañas del PRI.