Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) informó que la dependencia ha detenido cada tercer día a una persona por delitos de defraudación fiscal en el país, los cuales en promedio, son por 11 millones de pesos por cada caso.
Informó que para ello se ha realizado un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y se estima que a través de estas detenciones se castigará un monto defraudado que sería del orden de 700 a 800 millones de pesos en lo que va de la actual administración.
Al término de su participación participar en el II Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, Romero Aranda advirtió que la procuraduría va por todos los integrantes de las redes que se dedican a la emisión de facturas falsas, “sin importar que haya funcionarios de gobierno, los cuales tendrán que rendir cuentas como lo dicta la ley”.
Además señaló que “no hay que olvidar cómo operan estas empresas factureras, que son el conjunto de tres o más personas que, en forma constante y permanente, llevan a cabo actividades ilícitas, cuyo fin es evadir al fisco federal”, recordó.
El procurador fiscal dijo que ante las críticas que se han hecho sobre las modificaciones que se busca hacer a la ley para considerar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada, “ hay quienes buscan sabotear estas reformas”.
“Hay puntos que es importante aclarar. Hay ciertos comentarios de que cualquier empresario podría caer en delincuencia organizada, y eso es una mentira. El que esté dentro del marco de la ley no se tiene que preocupar”.
Catalogó como una exageración llamar terrorismo fiscal a estas modificaciones, y aseguró que existen grupos de poder que quieren sabotear las reformas al Código Fiscal de la Federación.
“Estos grupos son muy poderosos y en cierta manera están obteniendo recursos a su alcance para sabotear la reforma, por ello esperaría que los legisladores tengan una visión de Estado de que esto es una vulneración a las finanzas públicas”, sostuvo el funcionario.
Hay que tomar en cuenta que los legisladores discuten modificaciones a la ley en donde se busca que la defraudación fiscal sea catalogada como delincuencia organizada, con lo cual las penas se endurecerían y habría prisión preventiva por oficio.
El procurador había informado que el gobierno busca usar la figura de testigos protegidos para llegar a la cabeza de las empresas fantasma, además de utilizar otros mecanismos como la intervención telefónica, con autorización judicial, e infiltrados.
Añadió que trabajan con los legisladores para aprovechar el inicio del periodo ordinario de sesiones y así poder dictaminar la iniciativa para que después se turne al pleno del Senado de la República.
El funcionario destacó que la venta y compra de facturas falsas pareciera ser un “deporte nacional”, por lo cual es importante erradicar o disminuir la práctica, que deja pérdidas al erario público.