La mitad de la población en México admite haber pagado un soborno, con lo que se ubica como el país con el mayor índice de corrupción en América Latina, de acuerdo con un reporte de Transparencia Internacional.
El 51% de los encuestados en México entre mayo y diciembre de 2016 dijo que pagó por lo menos un soborno al intentar utilizar un servicio público.
A Méxco le siguen República Dominicana con 46 %, Perú con 39 %, Venezuela y Panamá con 38%, cada uno, según el Barómetro de Corrupción Global, titulado Corrupción y Gente: América Latina y el Caribe.
En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago con 6% y Brasil con 11%.
Los resultados de esta encuesta revelan “desarrollos alarmantes para la región”. La percepción de corrupción está aumentando: 62% de las personas encuestadas consideran que la corrupción ha avanzado en los 12 meses previos al sondeo y poco más de la mitad opina que el gobierno ha sido ineficiente en luchar contra la misma.
“Más alarmante aún es el porcentaje promedio de encuestados que dicen haber pagado un soborno al intentar utilizar un servicio público. Esta figura fue del 29% de una muestra de 22 mil personas. Lo que esto implica es que es altamente probable que, tomando en cuenta el total de las poblaciones de estos países, 90 millones de personas hayan pagado sobornos”, señaló Transparencia Internacional.
En promedio, sólo el 28% de los encuestados que dijeron pagar un soborno reportaron haber enfrentado consecuencias por ello, y el 47% considera que la policía y los funcionarios públicos son corruptos.
“Esto indica un grado de confianza en las instituciones alarmantemente bajo”, sostuvo.
Ante esto, la organización hace cuatro recomendaciones para fortalecer el sistema judicial y permitir a la ciudadanía hablar sobre la situación sin miedo a las consecuencias.
La primera es fortalecer las instituciones involucradas en la detección, investigación, y penalización de crímenes relacionados con la corrupción. La segunda es la eliminación del fuero político para casos relacionados con corrupción, en tanto que la tercera es fortalecer la capacidad de investigación de la policía, reforzar medidas de disciplina interna, y establecer mecanismos permanentes de rendición de cuentas para la policía.
Finalmente, la cuarta sugerencia es crear canales efectivos de denuncia que protejan al denunciante de retribuciones.