Un comparativo elaborado por BBVA Research sobre la calidad de las normas y las regulaciones que inciden en la inclusión financiera en 8 países de América Latina, revela que México está dentro los países con mejores prácticas en la mayoría de las evaluaciones, pero aún con algunos obstaculizadores importantes.
En el índice de aspectos regulatorios facilitadores de la inclusión financiera, México obtuvo una puntuación de 1.6 (donde 2 es la más alta), en tanto que en el índice de obstaculizadores el resultado fue 1.7.
Por ejemplo, en esta muestra de 8 naciones, México y Argentina son los dos únicos países que no cuentan con regulación para las operaciones de dinero electrónico (financieras tecnológicas).
“El dinero electrónico no está regulado, aunque a través de una licencia simplificada, lo bancos de nicho pueden ofrecer depósitos electrónicos con cuentas de nivel 1. La CNBV está trabajando en una Ley Fintech, que regulará el dinero electrónico”, señala el documento.
Otro de los obstaculizadores para la inclusión financiera es la aplicación de impuestos a las transacciones financieras, en donde México, así como Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú cuentan con estos gravámenes, mientras que en Uruguay y Paraguay no emplean este tipo de tasas.
En México, existe un impuesto “elevado” de 3%, que se exige sólo a los depósitos de efectivo que superen los 15 mil pesos, destaca el documento.
Sin embargo, el importe pagado por este impuesto se podrá deducir del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual lo hace salir mejor librado que Brasil y Chile, que aplican impuestos a las transacciones de crédito y no cuentan con una legislación que mitigue el efecto sobre la inclusión financiera.
De acuerdo con BBVA “los impuestos al débito crean incentivos para la desintermediación bancaria, y en el intento por parte de particulares y empresas de evitar pagar dichos impuestos, tienden a aumentar las transacciones en efectivo y con entidades financieras no reguladas”.
Este tipo de gravámenes producen efectos con impacto en las pequeñas empresas y, sobre todo, en las personas más pobres, ya que en el primer caso incurren en prácticas que permiten eludir impuestos, y en el segundo recurren a mercados financieros informales.
En Perú, por ejemplo, el pago del impuesto se puede deducir íntegramente del pago del ISR, además de que la tasa es muy cercana a cero (0.005%) y el objetivo de esta disposición, según la ley que lo sustenta, es obtener información bancaria del cliente para tratar de evitar la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
Uno de los elementos en los que México obtiene la máxima puntuación en los indicadores que incluye este estudio es el referente a que no existen topes a las tasas de interés.
“La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros permite al Banco Central establecer límites a los tipos de interés, pero no ha ejercido esta facultad hasta el momento”, destaca.