Grupo Carso, IEnova y TransCanada que celebraron contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguraron por separado, que éstos fueron firmados con total legalidad y transparencia y no se ha incurrido en ningún momento en alguna irregularidad.
López Obrador llamó “leoninos” los contratos que la CFE asignó a IEnova, TransCanada y Grupo Carso para la construcción de siete ductos en el país.
Señaló que por estas obras el gobierno tendrá que pagar sólo en este año 16 mil millones de pesos, pese a que no estén en funcionamiento.
Las empresas coincidieron en que por el momento mantienen detenidas las obras debido a conflictos sociales o bien delictivos, no por asuntos que sean de su responsabilidad.
Por ejemplo TransCanada afirmó que no puede concluir los ductos en Hidalgo, debido a la oposición de las comunidades.
Grupo Carso señaló por su lado que lo mismo ocurre en las obras que le fueron asignadas en el norte de México.
Por su parte IEnova reportó vandalismo en las obras que le fueron dadas.
Carso señaló que “debido a las obstrucciones que frenan la terminación y puesta en operación del gasoducto a su cargo, procedió la aplicación de las cláusulas 9 y 22 inciso (VII) del contrato que se tiene con la CFE, mismo que formó parte de las condiciones de la licitación”.
TransCanada explicó que hay apartados en la ley que incluyen previsiones de fuerza mayor, situaciones que estén fuera de control, ya sea de la misma CFE o la compañía constructora de los ductos.
Manuel Bartlett, director de la CFE alertó que “de continuar esos contratos la CFE está en una posición realmente de quiebra. Agregó sólo en 2018 la empresa pagó cinco mil millones de pesos por dichos proyectos detenidos, cantidad que se triplicará este año.
López Obrador y el director de la CFE demandaron la renegociación de algunos contratos que la paraestatal tiene con empresas privadas, ya que de acuerdo a sus declaraciones los contratos son ventajosos para el sector privado y han afectado negativamente las finanzas de la CFE.
Además, Bartlett amenazó con demandar a las empresas que, de manera voluntaria, no estén dispuestas a revisar dichos contratos.