Iniciativa para blindar obras públicas retrasará recuperación económica: sector privado

La Confederación Patronal de la República Mexicana  (COPARMEX) consideró que el Acuerdo Presidencial en Materia de Obra Pública, este que blinda las obras del gobierno federal, puede retrasar la recuperación económica y el bienestar de los ciudadanos debido a los impactos en la inversión, la competencia y la transparencia en la rendición de cuentas.
El presidente de COPARMEX, José Medina Mora calificó como “delicado” el momento que vive el país en donde “el orden constitucional y el Estado de derecho peligran”.
Dijo que en los 36 meses que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido múltiples las iniciativas de leyes, de reformas, acuerdos presidenciales y políticas públicas “que atentan contra el espíritu y contenido de la Carta Magna”.
Debido a ello invitó a la sociedad a sumarse al colectivo “Guardianes de la Constitución” para sumarse y presentar acciones colectivas en contra del acuerdo presidencial.
Con respecto al mencionado plan de blindaje de las grandes obras públicas, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Ángel García Lascuráin expresó que la economía se encuentra vulnerable y que  existe una demanda interna debilitada por la contracción de la inversión y menor consumo debido a que el empleo perdido no ha alcanzado a recuperarse.
A ello, señaló, hay que sumar que el ingreso promedio de los mexicanos es menor, además de una reducción de la demanda externa por problemas de cadenas de producción y distribución.
Por ello consideró que las “acciones de política pública que pongan en duda la continuidad del Estado de derecho y el equilibrio de poderes en nuestro país afectan a un más a este entorno económico, y elevan el riesgo de que nuestra economía tarde mucho más en recuperarse de la crisis con el consecuente impacto negativo en el bienestar de los mexicanos”.
En el marco del foro “Acciones para Salvaguardar tus Derechos” organizado por COPARMEX, Claudia de Buen Unna, presidenta del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados indicó que el acuerdo anunciado por el presidente el mes pasado es contrario a las disposiciones legales, atenta en contra de la división de poderes, es de muy bajo nivel jerárquico sobre la Constitución, deja de promover la competitividad y genera una competencia desleal.
Agregó que existe un enorme “preocupación por este acuerdo. Es un abanico completamente abierto para que cualquier proyecto que quieran sacar en poco tiempo y quieran no concursarlo, no transparentarlo, lo incluyan en este grupo de actividades esenciales”.
Entre las acciones legales, señaló la posibilidad de que el Poder Legislativo promueva una acción de inconstitucionalidad y la promoción de amparos por parte de personas y empresas.
Explicó que “nos vamos inundar de amparos. Hay dos momentos para presentarlos. Uno es cuando sale publicado el acuerdo y hay 30 días naturales para presentarlo y el otro es cuando se hace una asignación directa a una empresa de un contrato que debió pasar por concurso y en ese momento empieza a contar el tiempo para presentar el amparo. Aquí tiene que darse el acto que produce su ilegalidad”.