Jueces han otorgado al menos 30 recursos judiciales contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica

Desde el 11 de marzo hasta la fecha, empresas y particulares han promovido por lo menos 30 recursos judiciales de amparo contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicadas el pasado 9 de marzo.
De acuerdo con fuentes cercanas al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) jueces federales han concedido 26 suspensiones provisionales a la norma.
Si bien estos recursos fueron concedidos a empresas específicas como Fuerza y Energía de Tuxpan, Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, tienen efectos para el resto de los participantes privados en la industria eléctrica, y ordenan a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad abstenerse de ejecutar los preceptos de las reformas.
Será en los próximos días cuando los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, resuelvan si conceden en definitiva las suspensiones a las reformas del sector, puesto que las audiencias están previstas para marzo y abril.
De hecho hoy se conoció que la Secretaría de Energía ya presentó recursos de queja para impugnar las dos primeras suspensiones provisionales concedidas por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, mismas que frenaron por completo las reformas a la LIE.
Incluso hoy mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que los jueces otorguen en definitiva suspensiones a las empresas de energía, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifique, presentará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía.
Manifestó que: está “seguro de que no es inconstitucional, pero si lo determinan los jueces, magistrados, ministros, que es inconstitucional, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo y del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y la economía popular”.