El gobierno federal debe otorgar prioridad a la certeza jurídica hacia la inversión, pues este factor será el principal blindaje de la economía mexicana para disminuir el impacto de la volatilidad exterior y evitará la necesidad de replicar la política fiscal de Estados Unidos.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la propuesta de reforma fiscal en Estados Unidos difícilmente será suficiente para dinamizar las inversiones debido a que se fijaría límite de tiempo, probablemente de dos años y esto para las empresas no significa una razón para comprometer decisiones de inversión sin la certeza de que habrá continuidad en esas medidas en el mediano y largo plazo.
Además, advirtió que la situación actual de las finanzas públicas no permite que haya espacio fiscal para igualar esas medidas, ni son necesarias.
“Nuestra fortaleza interna que viene mejorando, nos hará menos vulnerables al exterior, si reforzamos la certeza jurídica en nuestro país, ese será nuestro principal blindaje. La propuesta del Presidente Trump no puede ofrecer esa certeza”, señala el organismo en su análisis semanal.
Aunque hay mejoras en los indicadores macroeconómicos, el organismo señaló que se deben redoblar esfuerzos en materia del combate a la corrupción, la inseguridad y la impunidad, que siguen fortaleciéndose como factores que pueden inhibir un mayor ritmo de crecimiento de la actividad económica del país.
La propuesta fiscal estadounidense consiste en una reducción de 20 puntos a la tasa impositiva corporativa, que pasa de 35% a 15%. Para las familias se incrementan los montos deducibles y también se reduce la tasa máxima de casi 40% a 35%.
Además, habrá un solo impuesto a la repatriación de fondos en el exterior y, en principio, los ingresos o utilidades por exportaciones estarían exentos del pago de impuestos.
Cálculos del CEESP indican que este paquete podría implicar la pérdida de ingresos para el Tesoro de Estados Unidos de aproximadamente doscientos mil millones de dólares al año, lo que en 10 años, que es lo que normalmente duran las modificaciones fiscales, representaría una pérdida de dos billones de dólares que representan una pérdida de 5% de la recaudación en ese periodo.