Monreal asegura que no satanizará el outsourcing y la IP insiste en apegarse a la actual

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República inició una serie de mesas de alto nivel para destrabar los últimos detalles de la reforma para regular la subcontratación o “outsourcing”, cuyo dictamen está detenido en su proceso legislativo.
Al dar paso a la primera mesa de trabajo, Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO,  aseguró que la intención de los senadores  no es “satanizar, ni aterrorizar” con la reforma, sino “generar lo más cercano a la justicia social”.
Durante esta mesa, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), coincidieron en que limitar la también llamada terciarización podría afectar el mercado laboral y enviar señales negativas a empresas nacionales e internacionales.
En cambio, propusieron una serie de medidas para “cerrar el paso a las prácticas ilegales” de subcontratación que afectan los derechos laborales de los trabajadores y al erario.
Cervantes propuso que a través de las modificaciones para establecer como delincuencia organizada la defraudación fiscal se investigue a las empresas que cometen estas medidas en perjuicio de los trabajadores y las arcas públicas.
Del Valle también volvió a proponer integrar un registro de empresas de subcontratación, establecer de forma puntual la responsabilidad entre las empresas que solicitan los servicios de subcontratación, las empresas que lo proveen y los trabajadores, así como verificar que se respeten estos derechos.
Cabe recordar que el dictamen que se presentó en noviembre de 2019 propone implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El documento advierte que, la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo, en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.
La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.
Además propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.