Petróleos Mexicanos (PEMEX) terminó su contrato de distribución con 103 empresarios gasolineros sin dar explicación alguna.
Por su parte la Comisión Reguladora de Energía (CRE) señaló que desconoce los motivos por los que la petrolera concluyó su relación con ese importante número de franquiciatarios, aunque indicó que está en libertad de hacerlo.
Édgar Ocampo, asesor en el Senado de la República en temas del sector energético consideró que la medida del gobierno federal de trasladar gasolinas a través de pipas puso al descubierto a estaciones de servicio cuyo combustible dependía del tráfico ilegal.
“Es evidente que cuando le pegan al huachicol quedan sin suministro. Integrarse a la cadena oficial de suministro los hace entrar en lista de espera de los que en realidad sí estaban siendo suministrados por la cadena oficial”, indicó el asesor.
Sin embargo, indicó que no todos los empresarios gasolineros afectados por la decisión del gobierno de cerrar ductos y suministrar durante y hasta ahora, pertenecen a una red ilegal.
“Los estados que evidenciaron de una forma temprana fueron justamente aquellos que tienen mayor incidencia en robo de combustibles como Puebla, Hidalgo o Michoacán. Hay que entender que el crimen organizado en algunas regiones del país como Guanajuato o Celaya se sabe de la existencia de cohesión sobre los dueños de las gasolineras para que distribuyan combustible robado”, apuntó.
La CRE señala que sólo un juez puede determinar si efectivamente se estaba comercializando o no un producto ilícito y agregó que revoca permisos únicamente cuando se tiene una sentencia en firme de un juez.