Ante el incremento del hurto de teléfonos celulares, la procuraduría capitalina (PGJ) planteó regular su venta cuando sean equipos usados, e incluso prohibirla en tanto no cuenten con documentos que comprueben su procedencia.
Durante la primera Conferencia Nacional Extraordinaria de Procuración de Justicia, el titular de la dependencia capitalina, Edmundo Garrido, informó que en 2016 se iniciaron nada menos que 7 mil indagatorias por este ilícito, mientras que el año pasado hubo 14 mil.
Ante este incremento, Garrido dio a conocer estrategias que pudieran frenar esta tendencia, como identificar los puntos de mayor riesgo, como comercio informal, así como la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obligar a los vendedores a emitir comprobantes o facturas y dar de baja definitiva los aparatos robados, para que no se les puedan cambiar el chip.
Asimismo, propuso fortalecer un marco jurídico para impedir el comercio de teléfonos usados y así disminuir su utilización en otros delitos, como en el secuestro.
El Procurador puntualizó el tema ante titulares de Seguridad Pública de otras entidades, donde de igual forma se sugirió diseñar convenios con compañías telefónicas mediante la emisión, incluso, de una Norma Oficial Mexicana.