Por reformas, congresistas de EU exigen al USTR contacto directo con gobierno de México para garantizar el cumplimiento del T-MEC

En una misiva a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, una decena de congresistas le solicitaron comunicarse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el Congreso entreante, para externarles su preocupación con respecto a varias reformas constitucionales que se encuentran en discusión en México, y las cuales pueden contravenir el T-MEC.
Asimismo los legisladores indicaron que reconocen el “derecho soberano de cada gobierno de actualizar su Constitución y valoramos profundamente la sólida asociación entre EU y México. Sin embargo, muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los inversionistas estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial".
Subrayaron que también nos preocupan los esfuerzos del gobierno mexicano por prohibir o limitar ciertos métodos de extracción, restringir la exploración de litio, las operaciones y permisos de electricidad, detener las importaciones de maíz genéticamente modificado o abolir los organismos reguladores independientes.
Afirman que dicha políticas socavarían la competitividad de América del Norte y crearían un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC en México
Los 10 congresistas señalaron que el cronograma previsto para considerar estas reformas requiere que la USTR interactúe rápidamente con el gobierno mexicano para garantizar que las inquietudes de las partes interesadas estadounidenses se comuniquen adecuadamente.
En su comunicado igual destacaron que mientras se preparan para la revisión del T-MEC en 2026, es imperativo que cada país socio respete la integridad del acuerdo, y que cualquier acción que contravenga las obligaciones del acuerdo “creará dudas significativas sobre el compromiso con nuestros objetivos compartidos e inevitablemente dificultará el proceso de revisión”.
Los congresistas piden una respuesta urgente a seis preguntas concretas para antes del 20 de septiembre. La exigencia, de acuerdo con su intranquilidad, se relaciona con los “desafíos significativos que estas reformas plantean para las partes interesadas estadounidenses” y por ello solicitaron una reunión informativa para el personal del Congreso sobre la participación de la USTR.
En concreto cuestionan:
1. ¿Cuál es la posición de la Administración Biden-Harris sobre las reformas constitucionales propuestas relacionadas con la energía, la minería, el maíz genéticamente modificado, las agencias reguladoras autónomas y la reforma judicial?
2. ¿Cuál es el impacto previsto que tendrían estas reformas en las empresas e inversores estadounidenses?
3. ¿Cómo se alinearían estas reformas con las obligaciones de México en virtud del T-MEC?
4. ¿De qué manera la USTR ha interactuado con las partes interesadas de EU para defender sus intereses?
5. ¿Qué contactos ha realizado la USTR con el gobierno mexicano para conocer las reformas constitucionales desde que se anunciaron por primera vez las iniciativas relacionadas?
6. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo de la USTR para proteger los marcos regulatorios confiables e imparciales y el acceso al mercado para las industrias de EU, en caso de que se promulguen estas reformas?