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Prevención de robo de combustibles cuesta a Pemex 3.8 millones de pesos diarios

Estos costos se podrían trasladar a las empresas privadas que desarrollen infraestructura para transportar gasolina.

Los costos de prevención del robo son trasladados a los consumidores.
Escrito por: Arturo Alavez Mayo 11, 2017, 5:06 a.m. Economía

 

Pemex gasta en promedio 3.8 millones de pesos diarios como parte del mantenimiento y la vigilancia de los ductos por los que transporta la gasolina y el diésel, lo que representa mil 408 millones de pesos anuales y son costos que tendrán que considerar las empresas privadas, antes de desarrollar una infraestructura similar.

De acuerdo con Ramsés Pech, analista energético de la consultora Caraiva y Asociados, Pemex utiliza sólo 26% de la capacidad de los ductos para transportar estos combustibles, pero tiene sobrecostos relacionados con la seguridad y la reparación de la infraestructura que superan los 3.8 millones de pesos, sólo en la prevención del delito.

El experto dijo que en un mercado abierto ideal, los costos por pérdidas deberían estar relacionados solamente con fallas en la medición de volumen –la cantidad de combustible que se traslada-, o las condiciones físicas del producto, es decir que su proceso no cumpla con la calidad requerida, pero no debe incluir la creación de un área de seguridad para el control de tomas clandestinas a los ductos, porque todo es pagado por el consumidor final.

Una de las soluciones que podrían parecer lógicas es cambiar el medio de transporte a llantas; sin embargo, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) transportar un barril de combustible por ducto cuesta un centavo por kilómetro, costo que se dispara a 14 centavos si el traslado se realizara a través de pipas, mismo que se reflejaría en el precio que pagan los consumidores.

“Los ductos son el costo más bajo que podría adicionar al precio final de los combustibles o el transporte de hidrocarburos”, detalló el analista.

La reforma energética –abundó- consiste en la apertura de un mercado cerrado a uno abierto, bajo condiciones económicas, seguridad, políticas y sociales de cada inversión que pretende ejercer el sector privado ante la desaceleración de las empresas productivas del estado.

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