Recibe Unidad Inteligencia Financiera información de 977 contribuyentes con posibles facturas falsas

Ya se dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre personas, tanto físicas como morales, relacionadas con esquemas de operaciones de las llamadas empresas factureras, así lo informó Raquel Buenrostro, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Agregó que estos esquemas de facturación falsa se realizaron durante los ejercicios fiscales del 2017 al 2019 e involucran a 977 contribuyentes. Con los mismos, indicó, se facturaron 339 mil millones de pesos; no obstante, no dio información sobre cuál fue el monto defraudado.
El SAT indicó que la información a la UIF se dio con el fin de que se tomen las medidas cautelares necesarias. En función de eso destacó que los contribuyentes fueron detectados porque emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, es decir, comprobantes fiscales apócrifos.
Una factura se considera falsa porque si bien cuenta con los elementos formales y autorizados por el SAT, ampara operaciones que no se llevaron a cabo. Quienes las venden se les conoce como facturadoras y usualmente son empresas que no cuentan con activos, personal, infraestructura o no son localizables, las cuales reciben una comisión por cada factura que venden.
El SAT enfatizó que quienes compran facturas falsas lo hacen para bajar el monto de impuestos que deben pagar al fisco, o bien obtener saldos a favor, lo cual genera una pérdida importante en los ingresos tributarios que obtiene el gobierno. No obstante, puede haber contribuyentes que, al tener diferentes proveedores, obtengan una factura falsa sin darse cuenta de ello, por lo cual las autoridades recomiendan siempre revisar su facturación y, en caso de encontrar alguna, acudir con el SAT lo antes posible.
Recordó a “los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”.
Agregó que el objetivo es reforzar el compromiso de “trabajar con eficacia para combatir las prácticas ilegales que desestabilizan la economía del país y ponen en riesgo el desarrollo de nuestra nación con el objetivo principal de aumentar la recaudación y combatiendo la corrupción, en el marco de los valores institucionales de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad”.