La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos presionará los recursos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) puesto que se da en un entorno de circunstancias financieras “ya complejas” y con muy poco margen en las finanzas públicas.
En un reporte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) indicó que además representa un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos, y el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país.
Advirtió también que el escenario va a dificultar la liberación de espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social.
Como se sabe, esta tarde la minuta de reforma de dicha ley se turnó a las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado para su revisión hoy mismo.
Con respecto a los cambios propuestos el IMEF subrayó que los términos planteados por la iniciativa generarán una demanda importante de recursos presupuestarios gubernamentales adicionales para la ampliación de la oferta en las condiciones necesarias, lo que representa un elemento adicional de riesgo para las finanzas públicas de México.
Recordará que el 26 de marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para cambiar dicha ley, esto con el objetivo de modificar el almacenamiento mínimo de petrolíferos, negativa ficta en el procedimiento de trámite de permisos, revocación de permisos en caso de reincidencia por incumplimiento, contrabando de combustibles, suspensión de permisos por peligro inminente a seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
En su análisis el IMEF hacer ver que estas medidas no sólo implican un retroceso, sino que además representan un descinsentivo a la autoridad para atender las solicitudes de permisos, asó como un “peligro inminente para la seguridad nacional, energética y la economía al no definir los criterios de evaluación”.