La reforma financiera de 2014 no mejoró la regulación para reducir las tasas de interés en México ni los enormes ingresos que tiene la banca por ese rubro, aseguró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un estudio, concluyó que "con la reforma financiera de 2014 no se mejoró la regulación para las tasas de interés que ofrece la banca múltiple al sector privado, ni se consideraron disposiciones para mejorar las condiciones que se ofrecen a los ahorradores nacionales".
La ASF señaló que el Costo Anual Total (CAT) se mantiene alto, particularmente en las tarjetas de crédito, en las que alcanzó 177.7% en diciembre de 2017.
Agregó que el Margen de Intermediación Financiera (MIF) del sistema bancario mexicano, medido como la diferencia entre las tasas de interés activas y pasivas, fue superior al de diversos países desarrollados y emergentes con características económicas comparables a las de México.
"Entre 2012 y 2017, en México el MIF se ubicó entre 8.6 y 8.0 puntos porcentuales, nivel mayor que el promedio de América Latina y el Caribe", mencionó.
Por ello, la ASF indicó que es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades para cumplir con los objetivos, facultades y funciones que el marco normativo señala en materia correctiva y regulatoria respecto de las tasas de interés.
"La ASF considera pertinente continuar con la revisión del marco institucional en materia de regulación de las tasas de interés, activas y pasivas, así como de las comisiones que cobra la banca múltiple al sector privado, a los usuarios, y a la competencia en la banca", mencionó.
Detalló que en Estados Unidos y Canadá los reguladores establecen límites en las tasas de interés, así como en 14 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Brasil y Chile.
Sin embargo, advirtió que el uso de límites a las tasas de interés es una política aplicada a nivel mundial que puede distorsionar el mercado y reducir el acceso al financiamiento.
Por ejemplo señaló que podría caerse en aumentos en las comisiones, reducción en la transparencia de precios o en la oferta de crédito, menor nivel de préstamos o de instituciones y de sucursales bancarias, así como impactos adversos sobre la rentabilidad bancaria, entre otros efectos.