Reformas administrativas de AMLO atentan contra Estado de derecho y generarán incertidumbre jurídica generalizada: IP

La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar 23 leyes en materia administrativa, las cuales entre otros cambios, buscan que el gobierno pueda decidir unilateralmente con respecto a las licitaciones, vulnera el Estados de derecho, genera incertidumbre jurídica, violenta el orden jurídico nacional y atenta en contra de las empresas, además de que puede propiciar actos de corrupción y complicidad.
De acuerdo con la iniciativa privada de aprobarse dichas iniciativas en los términos en que se presentaron, se generaría un clima de incertidumbre jurídica generalizado.
Al respecto la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMÍN) aseguró que las “propuestas violentan el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”. Asimismo solicitó al legislativo un Parlamento Abierto en el que todas las partes interesadas puedan expresar sus puntos de vista.
Agregó que la discrecionalidad en las decisiones siempre genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos.
Cabe señalar que conforme a los expertos, las 23 modificaciones tienen como propósito que el gobierno de forma unilateral revise, modifique, nulifique e incluso revoque “actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.
Al respecto CONCAMÍN destacó que el concentrar en la “Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas, hace a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.
Además, le confiere “atribuciones para llevar a cabo actos que corrijan desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos y que, con posterioridad a su emisión, resulten perjudiciales para el interés general”.
CONCAMÍN también destacó que al no ser necesarios estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra, se atenta contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El organismo hizo por igual un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores para que haya un diálogo franco, serio y sin exclusiones con todos los sectores involucrados en este tema, esto con el fin de que puedan expresarse los distintos puntos de vista.