Reglas de SENER ponen en riesgo 30 mil mdd: CCE

El sector privado en su conjunto, esto es los 12 organismisos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hasta la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales realizaron un llamado a revocar el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
La iniciativa privada aseguró  que dicho acuerdo, impuesto ilegalmente por la Secretaría de Energía (SENER), atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.
Habrá que recordar que SENER publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin consulta previa en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), una nueva política que limita la participación de centrales de energías renovables del sector privado bajo el argumento de salvaguardar y dar confiabilidad al sistema eléctrico nacional.
Al respecto el CCE indicó que el acuerdo “representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares”.
Con respecto a la negativa de SENER a someter a consulta pública las modificaciones, esto incluso pese a la recomendación del  propio DOF, César Emiliano Hernández Ochoa, titular de CONAMER, presentó su renuncia el mismo viernes por la tarde.
Además la máxima cúpula empresarial hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias “irregulares” en las que se publicó el acuerdo, para “revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”.
Por separado, SENER, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) defendieron la política, argumentando que la finalidad de las medidas es garantizar la operación del sistema eléctrico.
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) argumentó que lo publicado “no vulnera el Estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que se mejoran las reglas de aplicación para proteger el interés general, a fin de que no se causen apagones generalizados, debido al descuido de las reglas básicas de operación y planificación del sistema eléctrico, ante la alta concentración regional de generación intermitente”.
Al considerar que se atropellan los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional, afirmaron que el asunto llegará a los tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de los contratos ya establecidos, advirtieron la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN) y la Confederación Patronal de México (COPARMEX).
Los organismos empresariales alertaron sobre los amparos que ya comenzaron a reportarse y los cuales se extenderán hasta llegar a instancias de arbitraje nacional e internacional.
A su vez Francisco Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN, dijo que “nuevamente es un mensaje contradictorio que en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza al interior y al exterior para buscar promover la inversión productiva en un tema tan relevante para las nuevas generaciones, se decide tomar una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de SENER y la CFE.
Asimismo consideró que al otorgar facultades extra legales a la Comisión Federal de Electricidad para la planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “significa una pleno”.
Dicho sindicato patronal manifestó que la publicación del acuerdo en el DOF constituye una acción ilegal de no ser reconsiderada por el gobierno federal.
“Ahuyentará importantes inversiones en el país, al tiempo que ocasionará que los interesados acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano”.