Responde AMLO a SCJN y blinda en decreto único el Tren Maya y las obras del Corredor Interoceánico

Tras de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el decreto que clasificaba las grandes obras del gobierno como parte de la seguridad nacional por vulnerar el derecho de acceso a la información, el presidente Andres Manuel López Obrador respondió de inmediato, puesto que esta tarde publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de artículo único en el que blinda el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, de nuevo, como proyectos de interés público.
En la publicación se afirma que estos “son de seguridad nacional y de interés público". se detalla que son esenciales su "construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
Con ello el jefe del Ejecutivo protege la información relativa a los cinco grandes proyectos sin finalizar que le quedan en su sexenio.
López Obrador fue más específico de lo que fue en el decreto del 2021, ahora inhabilitdado, y en el que se incluía a todos los proyectos relacionados con el sector “aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos”.
Cabe señalar que de hecho dicha generalidad fue uno de los argumentos esgrimidos por los ministros para invalidarlo.
El ministro ponente del proyecto Juan Luiz González Carrancá señaló que el acuerdo es inconstitucional “porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México”.
Agregó que  “el acuerdo es en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la información pública y transparencia, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que en la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa del proyectos u obras”.
Como ya se sabe, este jueves con los votos a favor de ocho ministros y tres en contra (de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz), la SCJN otorgó la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que fue quien impugnó el decreto en diciembre de 2021. A diferencia de lo que ocurrió entonces, el organismo autónomo no puede impugnar ahora el nuevo decreto.
Además el INAI se encuentra paralizado desde abril, puesto que necesita que se nombren a los tres comisionados que faltan en su pleno, que se compone de siete. Los anteriores terminaron su mandato y desde entonces Morena ha bloqueado en el Senado los nuevos nombramientos, como parte de la estrategia del gobierno contra el INAI, al que acusan de ser un gasto innecesario.
De esta forma el INA no puede sesionar porque no  tiene quórum, y únicamente el pleno, ni siquiera el Consejo Consultivo del INAI, puede presentar una acción de inconstitucionalidad como la que se necesitaría para impugnar este nuevo acuerdo.