Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que en este gobierno no se han condonado impuestos a ninguna persona relacionada con el crimen organizado como es el caso de Los Zetas que se ha mencionado en medios fueron perdonados por el fisco.
Indicó que en realidad lo que se hace como práctica es dar de baja contable, en ocasiones de manera temporal, créditos inexistentes o impagables para no sumarlos a los ingresos federales.
La funcionaria señaló en la conferencia de prensa de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador que “esto no significa que el crédito sea perdonado o un trato preferencial a algún contribuyente, lo que hacemos es ponerlo aparte de los créditos que podemos cobrar ahorita, en el momento que aparezca un bien, esa persona se vuelve a dar de alta y se inicia el proceso de cobro”.
Además explicó que esto se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se mantenga un monitoreo y levante una “banderita” en el caso de que en las personas ilocalizables, se detecten movimientos o bienes.
Agregó que “no basta que las personas tengan bienes fuera de México porque necesitamos la posibilidad de ejecutar, no poderlos embargar ya que no hay instrumento internacional de cooperación fiscal para embargos, y estamos a expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso”.
Además Ríos-Farjat señaló que este tipo de acciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control del SAT.
Por su parte, Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación del SAT señaló que a la fecha la cartera de créditos fiscales controlados por la autoridad tiene un monto de 797 mil 924 millones de pesos.
Detalló que “los efectos de la cancelación son similares a una cuenta de banco donde después de efectuar todas las posibilidades de pago, éste no puede hacerse y entonces se concentra en lo que sí se puede cobrar”.
Además dio a conocer que actualmente sólo se recupera en promedio 5% de esa cartera de deuda de contribuyentes a consecuencia de impugnaciones, insolvencia o empresas creadas sin activos, entre otros.