Debido al incumplimiento del Congreso y ante el próximo vencimiento del plazo establecido para la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria, COPARMEX solicitó al presidente Enrique Peña Nieto hacer uso de su facultad constitucional y enviar con carácter de “iniciativa preferente” dicha ley para que sea analizada en el próximo periodo ordinario de sesiones.
COPARMEX hace ver que a través de ese mecanismo el poder legislativo debe atender con inmediatez la implementación de una reforma constitucional que el pasado 5 de febrero en el marco del centenario de la Constitución quedó plasmada en el DOF.
Ahí se señala que en un término de 180 días el Congreso debe emitir la Ley General de Mejora Regulatoria, plazo que vence el próximo 7 de agosto.
Los actores políticos deben entender la urgente necesidad que hay de una mejora regulatoria integral que permita mejorar la competitividad y disminuir las prácticas de corrupción.
De acuerdo con una encuesta que la semana pasada dio a conocer el INEGI sobre calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas, quedó claro que el marco regulatorio es un obstáculo creciente.
El 50.9% de los consultados aseguraron que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio son mayores que en el pasado o siguen igual de pesadas y complejas.
El 64.6%, es decir casi 7 de cada 10 empresas, considera que los actos de corrupción frecuentes se dan en el marco de la realización de trámites gubernamentales. Además el 5.6% reconoce haber sido víctima de un acto de corrupción en su realización.