La Secretaría de trabajo y Previsión Social (STPS) aumentará 27% su plantilla de inspectores para que vigilen el cumplimiento por parte de las empresas del nuevo esquema de justicia laboral y democracia sindical en el país.
De acuerdo con el plan de implementación de la reforma laboral, que incluso se presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el número de inspectores de la STPS aumentará de 478 a 610. Se informó que además el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) tendrá un equipo de 192 inspectores, que representa el doble de lo contemplado inicialmente.
De esta forma se contará con una red de mil 129 funcionarios federales y locales que realizarán las tareas de supervisión de empresas y sindicatos.
La dependencia estima que en los próximos tres años de implementación de la reforma laboral se tendrán que revisar entre 150 mil y 200 mil contratos colectivos de trabajo (CCT).
Se señala también que las nuevas normas establecen que los sindicatos están obligados por la Ley Federal de Trabajo a modificar antes del 31 de diciembre sus estatutos para adecuarlos a las elecciones de dirigentes por el voto libre, directo y secreto de sus agremiados.
Asimismo, antes del 2023 tendrán que legitimar sus contratos colectivos y los que no pasen por este ejercicio democrático serán anulados.
La STPS añade que “se ha previsto un escenario en el cual, debido a la baja participación de los sindicatos, el número de las inspecciones aumentará exponencialmente en el último año del plan de trabajo.
Se ha informado que el nuevo modelo de justicia laboral le costará a México al menos 6 mil 500 millones de pesos anuales una vez que opere en su totalidad, 30% más del presupuesto que recibe la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la actualidad.
El gobierno rehízo el mecanismo presupuestal para implementar la reforma laboral, ello con el fin de responder a las demandas de los legisladores demócratas estadounidenses.
Cabe señalar que la STPS se comprometió a aumentar en 23% el presupuesto inicial que se tenía contemplado para este tema, lo que implica un gasto adicional de 3 mil 500 millones de pesos.