Con la tarifa de interconexión cero no sólo se invadieron las facultades del IFT, sino también los derechos de Telmex y Telcel que les otorgó el Estado en sus títulos de concesión, así lo establece en un comunicado América Móvil (AMX), quien aseguró que con ello se elimina su derecho a la recuperación de costos y la estabilidad económica y equilibrio financiero que esas concesiones le otorgaron.
AMX rechazó que la eliminación de subsidios como la “tarifa cero” puedan afectar los precios a los consumidores, ya que en su óptica son el mercado y la competencia los que definen los precios.
En el escrito se señala que en la reforma estructural de telecomunicaciones del 2013 plasmada en la Constitución definió el marco jurídico para que el IFT regulara a sus participantes.
Desde el 2014 el IFT estableció un régimen asimétrico a Telmex y Telcel y se incluyó una interconexión que inició con un diferencial del 35% respecto a las tarifas que reciben otros operadores móviles.
Sin embargo a través de la Ley Secundaria el legislativo anuló la capacidad reguladora del IFT en materia de interconexión al establecer la tarifa cero.
Esta situación obligó a Telmex y a Telcel a solicitar el amparo y la protección de la justicia porque “asimetría no es gratuidad”.