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Techos de deuda tienen huecos en reglamentación: Moody’s

La ausencia de rangos específicos para el endeudamiento de estados y municipios genera debilidad en el sistema de alertas, consideró la calificadora.

Escrito por: Redacción Abril 4, 2017, 5:03 a.m. Economía

 

A pesar de la publicación del reglamento del sistema de alertas correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, que tuvo lugar el viernes pasado, existen huecos que generan incertidumbre sobre la eficacia que tendrá esta nueva disposición, consideró la calificadora Moody’s.

El sistema determinará los techos de endeudamiento para estados, municipios y entidades públicas dependiendo de la clasificación que puede ser sostenible, en observación o elevado.

La calificadora señaló que si bien este esquema incrementará la transparencia, el funcionamiento pleno del reglamento tardará mucho tiempo en alcanzar mejoras en la calidad crediticia de los estados.

Para determinar la clasificación de cada entidad, el gobierno federal analizará tres indicadores financieros especificados en el reglamento. Cada indicador tiene un valor de alto, medio o bajo.

“Sin embargo, el reglamento no especifica los rangos de cada uno de los tres indicadores para determinar si caen en valores de bajo, medio o alto. Estos rangos serán publicados con base en la información que reciba la SHCP junto con la clasificación de los estados en junio de 2017. Para los municipios y entidades públicas en julio de 2018 y agosto de 2019, respectivamente”, detalló Moody’s, pero consideró que la falta de parámetros claros provocará que el sistema de alertas tenga la robustez y transparencia para alcanzar sus objetivos.

Además, un segundo reto es comprobar la veracidad de los datos aportados por las entidades federativas, pues la SHCP publicará los formatos para que las entidades entreguen la información, pero la calidad y confiabilidad con la que se evaluarán las deudas se mantiene como responsabilidad de los estados.

“La mayoría de las entidades no auditan de manera externa su información financiera. Además, la veracidad de la información varía entre los distintos gobiernos regionales y locales. Por lo tanto, la clasificación del sistema podría llevar a que algunas entidades se ubiquen en una categoría de deuda incorrecta”, consideró la calificadora.

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