Vuelven legisladores de EU a denunciar violaciones de México en T-MEC y exigen a administración de Biden respuesta oportuna

En una carta, 40 miembros del Congreso de Estados Unidos manifestan su preocupación por el daño que  las políticas energéticas de nuestro país pueden causar a sus  inversionistas, trabajadores y las metas medioambientales fijadas para reducir el cambio climático, así como de un intento por parte del gobierno de México por atentar contra el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En la misiva los legiladores enfatizan que “la abrumadora lista de acciones discriminatorias hace tiempo que pasó el punto de "simplemente" plantear serias preguntas sobre los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador con la letra y el espíritu del T-MEC. De hecho, sugieren que el gobierno mexicano está intentando de manera proactiva promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el tratado".
En una nueva carta a la representante comercial Katherin Tai, y los secretarios del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken; de Comercio, Gina M. Raimondo, y de Energía, Jennifer M. Granholm, los congresistas afirman que los objetivos del jefe del ejecutivo para dar trato preferencial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van en "contradicción con el T-MEC, que negoció y firmó su propia administración".
Hacen ver que tanto el gobierno como su partido (Morena) han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado como anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente.
Aseveran que lo anterior es perjudicial Como tales para la inversión estadounidense, los trabajadores estadounidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, todos los cuales son conceptos protegidos por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)".
En el escrito los miembros del Congreso señalaron que en las últimas semanas se han intensificado las acciones discriminatorias y arbitrarias, en lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad para obstaculizar, y en algunos casos bloquear por completo la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México.
Recuerdan que el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible que pertenecen a firmas estadounidenses, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y cierres parciales de otras 17.
En un tono alto aseguran que dichas acciones son “sólo las últimas de un esfuerzo amplio y arrollador destinado a sofocar la competencia del sector privado".
Asimismo consdieran que el SAT ha modificado las Reglas Generales de Comercio Exterior, lo que ha prohibido a las empresas obtener o renovar los permisos de tres años que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos.
Para ello las autoridades fiscales suspendieron en julio a 82 empresas del comercio de combustibles por presuntas violaciones fiscales.
Al mismo tiempo, denuncian, “entre el 20 de diciembre de 2020 y el 15 de julio, la Secretaría de Energía de México canceló mil 866 permisos para la importación y exportación de gasolina, diesel, gas LP, jet fuel, fuel oil y crudo. Al 20 de septiembre, solo 97 de los mil 954 permisos otorgados a empresas privadas estaban activos en México".
Los legisladores subrayan que en 2019 la industria del petróleo y el gas natural respaldó directa o indirectamente 11.3 millones de puestos de trabajo en el vecino país al norte y tuvo un impacto económico nacional de casi 1.7 billones de dólares.
Al tiempo que en 2020, México fue el mercado de exportación más grande de productos petrolíferos de Estados Unidos, representando el 12 por ciento de todas las exportaciones, así como un mercado en crecimiento para el gas natural.
Además, apuntan que según los planes de expansión de la CFE y el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico de Energía (PRODESEN) el gobierno mexicano reconoce que no cumplirá con sus metas de generación de energía limpia, puesto que para 2024 únicamente el 32% de la electricidad se generará mediante fuentes limpias, por debajo del 35% comprometido por el país.
De ahí que los 40 miembros del Congreso piden a Katherine Tai una respuesta oportuna y clara, y la instan a que “redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado, como lo prevé el T-MEC ".