El gobierno catalán, esto es la Generalitat que encabeza Carles Puigdemont todavía no declara la independencia y ya enfrenta la huída de los principales bancos de la región, quienes como protección y para evitar la salida de su clientela ya decidieron cambiar su sede e incluso reciben ya el apoyo del gobierno español encabezado por Mariano Rajoy.
El consejo de administración de CaixaBank, que de acuerdo con expertos es el verdadero motor financiero de esa "comunidad autónoma", se reunirá mañana para aprobar el cambio de su sede social, lo que implicará sacarla de Barcelona y mudarla a Palma. De esta forma se sumaría a la decisión de Sabadell que ya aprobó cambiar su matriz a Alicante.
No obstante algunos medios locales aseguran que la decisión no está tomada en su totalidad y que se aprobaría sólo si hay una declaración de independencia unilateral el próximo lunes 9 de octubre.
CaixaBank logró salvar mediante un cambio normativo que se aprobará mañana, el obstáculo de sus estatus que especifica que para cambiar el domicilio debe pasar por la junta de accionistas, es decir convocar un consejo, aprobar el cambio y registrarlo lo que implicaría un mes al menos.
Y es que este viernes el gobierno español emitirá una normativa para que las compañías puedan cambiar de sede de forma inmediata y sólo con el acuerdo del consejo.
Tanto la CaixaBank como Sabadell quieren acabar de esta forma con la inquietud generada entre su clientela por las consecuencias que podría tener una declaración unilateral de independencia y pretende frenar la salida de depósitos hacia la competencia.
Gobierno de Rajoy echará mano de las herramientas que le brinda la Constitución
El propio Mariano Rajoy ya ha señalado que "hará lo que crea mejor en el momento más oportuno" y pide a Puigdemont que no declare la independencia para "evitar males mayores".
De acuerdo a la Constitución de su país que por cierto fue refrendada en 1978 por amplia mayoría en Cataluña en 1978 en caso de se declare la independencia, el objetivo es forzar la vuelta a la legalidad.
No se trata de suspender la autonomía como tal, sino desmantelar el aparato del proceso secesionista catalán, construido durante años y para el que Puigdemont no ha dudado en cesar a quienes dudaban dentro de su equipo para seguir adelante hacia el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional, según fuentes jurídicas.
El gobierno buscaría entonces asumir el control de los Mossos d’Esquadra, descabezar los medios de comunicación públicos y anular todas las ayudas públicas destinadas al ‘proces’ soberanista.
Cabe señalar que los separatistas podrían enfrentar hasta 15 años de prisión inconmutable por el delito de sedición para el caso de las autoridades y de 10 años para los ciudadanos orfinarios.
S&P dificulta el financiamiento para la Generalitat
Standard & Poor’s (S&P) amenazó con degradar la calificación de Cataluña a B, lo que supone situarla a nivel “basura” y colocarla al nivel de países como Zambia, Camboya, Jamaica, Ruanda o Camerún.
En un comunicado oficial, S&P anunció que coloca la actual calificación de la deuda de la Generalitat, situada en B+, en "perspectiva negativa" y que puede bajarla uno o dos escalones si persiste la actual "confrontación política" en los próximos tres meses. Su decisión cierra aún más la posibilidad de financiación internacional de la Generalitat.
S&P argumentó que "la confrontación política del gobierno catalán con el gobierno central de España ha aumentado tras el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de la región. Agregó que ve riesgo de que esta escalada pueda afectar a la coordinación y la comunicación entre los dos gobiernos, que es esencial para que Cataluña pueda cumplir sus obligaciones de deuda en tiempo y forma".