Antonio del Valle, 44 accionistas y 10 sociedades más que poseían el 4% del capital de Banco Popular tras invertir 470 millones de euros, iniciaron acciones legales en contra del gobierno español por la decisión de vender esta última institución a Banco Santander en un euro.
De acuerdo con el procedimiento de arbitraje que echaron a andar la autoridad financiera hispana efectuó “múltiples actos y omisiones antes, durante y después de la resolución de Banco Popular, que violaron múltiples garantías y protecciones establecidas en el tratado bilateral de inversión entre México y España (Tratado México – España) y bajo otras leyes internacionales aplicables”.
Los demandantes han solicitado a un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) una orden obligando a Banco Santander y a la Unión Europea a entregar todos los documentos relacionados con la adquisición de Popular.
Considera que el juez de Nueva York puede emitir una orden para forzar a Santander a entregar esta documentación ya que el banco que preside Ana Botín recauda dinero en Estados Unidos, requisito imprescindible para poder realizar esta petición.
El procedimiento (denominado discovery, según la legislación estadounidense) y el arbitraje se suman así a la reclamación ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo realizada en agosto para que se invalide la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) de la UE sobre Banco Popular, y que provocó que todos los accionistas y bonistas perdieran toda su inversión.
El objetivo es “recuperar los daños causados por el Reino de España en virtud de las sustanciales pérdidas de inversión causadas” a este grupo de accionistas mexicano
Esta es la primera vez que Del Valle, que fue consejero de Popular y fue uno de los impulsores de la salida de Ángel Ron de la presidencia del banco, y otros accionistas mexicanos apuntan a Santander en su intento de revertir la decisión de la JUR.
El despacho de abogados Kirkland & Ellis ya remitió el pasado 22 de enero una carta de 14 páginas dirigida al presidente español, Mariano Rajoy, notificando el arbitraje amparado en el tratado firmado entre México y España en 2006 de protección de inversores de ambos países.
No obstante el hecho de que los demandantes tuvieran desde el 2013 y hasta la quiebra del banco un representante en el consejo pudiera complicar su accionar legal.
Los abogados de Del Valle también denuncian que el ejecutivo español "participó de manera activa" en el proceso que llevó a la resolución de Popular para ser vendida en unas horas (madrugada del 6 al 7 de junio) a Santander por un euro, y no se valoró que había otros accionistas dispuestos a acudir a una ampliación de capital por 4 mil millones de euros, lo que hubiera evitado su venta.
Además, creen que España es responsable de la caída del banco ya que empresas públicas sacaron el 40% de los depósitos del banco.
El grupo encabezado por Del Valle alega en la carta dirigida a Rajoy que ”los funcionarios del gobierno español, presuntamente, tuvieron negociaciones secretas paralelas con Santander a la hora de tramitar y facilitar la venta de Banco Popular, incluso antes de que la Comisión Europea o la Junta Única de Resolución tomasen ninguna decisión en relación a la resolución de Banco Popular”.