La Fiscalía General de la República (FGR) investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidos por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL) a cago de Rosario Robles en "fábricas de documentos falsos".
De acuerdo con informes federales, al menos tres ex servidores públicos han declarado a la Fiscalía que estos domicilios, ubicados en las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas "alternas" para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.
La información proporcionada a la FGR señala que se falsearon las rúbricas de ex funcionarios para justificar el desvío de aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos de la SEDATU y la desaparecida SEDESOL.
Uno de los lugares está localizado en Tennyson 77, en Polanco, identificado ante la Fiscalía como oficina de Emilio Zebadúa, quien administró los recursos en ambas dependencias como colaborador de Robles.
Se afirma además que la oficina principal desde donde operaba el ex funcionario se ubica en Tennyson 125 en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con lo recabado por la FGR el domicilio de Horacio 1840, cuarto piso, en Polanco, también se utilizó un inmueble que ocuparon como oficinas temporales Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, ex directores de Programación y Presupuesto de la SEDATU.
Otros dos docimicilios utilizados en la llamada "estafa maestra" eran las oficinas de Claudia Morones Sánchez, contadora que laboró en ambas dependencias, localizadas en Bahía Magdalena 125 y 146, en la Colonia Verónica Anzures de la CDMX.
Morones es señalada como una figura clave en las investigaciones, ya que coordinaba las "fábricas" de papeles falsos, según testimonios de ex funcionarios.
Además de los domicilios que hoy indaga la FGR, la red para el saqueo a SEDESOL y SEDATU operó en otros 10 domicilios y oficinas a donde fueron llevados más de 700 millones de pesos en efectivo en camiones de empresas de valores.
Se informó que tres ex funcionarios del gobierno federal consiguieron un primer acuerdo con la FGR para colaborar en las investigaciones de dicho caso.