En riesgo tercera parte de la IED para el sector eléctrico con iniciativa gubernamental: AmCham y Smith

La iniciativa de reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador obstruirá en automático por lo menos la tercera parte de la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos hacia México, en especial en el sector energético, aseguraron hoy abogados y representantes de empresas estadounidenses que participaron en la negociación del acuerdo comercial entre los dos países y Canadá (T-MEC).
Asimismo señalaron que lo anterior se ha expuesto en los 22 extrañamientos que tanto el gobierno de nuestro vecino país como sus empresas han realizado y aunque literalmente no contradice lo relativo a acciones violatorias, como el Capítulo 8, o los artículos relacionados con el trato justo a extranjeros del tratado, sí cancela contratos que implican expropiaciones indirectas,  lo que llevará a México a litigios internacionales. 
Los litigantes explicaron lo anterior ante el equipo jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el foro 14 del Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica. 
En este marco, Keneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica de México para el T-MEC, aseguró que la reforma como está redactada podría resultar en demandas multimillonarias por violaciones al acuerdo trilateral. 
Cabe recordar que el comercio internacional entre México y Estados Unidos representa 600 mil  millones de dólares (mdd)  y es por ello que la administración actual aprobó el T-MEC de manera arrolladora. 
En específico, en el ámbito energético el acuerdo comercial indica en el artículo 8 que los hidrocarburos pertenecen a la nación y ésta puede cambiar su Constitución. Pero cualquier cambio a leyes tiene que ser compatible con los compromisos del tratado. 
Afirmó que “el  tratado protege las inversiones en el sector eléctrico mediante su Capítulo 14 y sólo se permiten excepciones a lo que está plasmado en el tratado si en el acuerdo en sí se establecieron medidas específicas y si México no solicitó medidas específicas, sencillamente no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en el sector eléctrico”. 
A su vez, Ana López Mestre Martínez, directora general del American Chamber of Commerce de México, que representa a 1,000 empresas que generan 8.5 millones de empleos en el país, dijo que el acceso a la energía es clave para la integración con América del Norte y la prioridad debe ser que las nuevas generaciones tengan energía confiable, barata y sobre todo limpia. 
Agregó que “actualmente uno de cada tres pesos de IED en energía en México viene de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y para estas empresas es muy importante que haya un mercado abierto, competencia y reglas claras”.
Mestre Martínez indicó que la reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y privados del T-MEC y cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de competencia y prevención de prácticas monopólicas y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales porque el T-MEC tiene herramientas para proteger a los inversionistas. 
En respuesta Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, afirmó que el sistema jurídico no puede permanecer estático y el Estado tiene la obligación de realizar los cambios para satisfacer la demanda colectiva de servicios, sobre todo cuando se trata de derechos básicos como el acceso a la energía. La reforma eléctrica se basa en la conclusión de que la reforma del 2013 es un proyecto fallido e insostenible que no preserva la seguridad ni autosuficiencia energética, sometiendo a los vaivienes del mercado este sector estratégico para el país. 
Dijo que también “0one al país en un riesgo de contar con energía sujeta a los intereses privados que eventualmente realizan cobros excesivos e impagables para un amplio sector de la sociedad, como está ocurriendo en España”, y afirmó que sobre la “CFE gravita la amenaza latente de su desaparición en el corto plazo”. 
Así que concluyó que la reforma es absolutamente necesaria e impostergable, como lo reconoció ya el embajador Ken Salazar. Dijo también que de ninguna manera contraviene al T-MEC, ya que en su Capítulo 8 relativo al rubro de la energía claramente se establece que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna”.