La Audiencia Nacional de España investiga Juan Miguel Vilar Mir, dueño de la constructora OHL y al exministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar, Eduardo Zaplana, por un caso de presunta corrupción en ese país, conocido como “Operación Loezo”.
El juez de esa instancia, Eloy Velasco incluyó a estas dos personas en el caso, por el que la semana pasada fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunto desvío de fondos públicos.
De acuerdo con medios locales, hay 60 personas bajo investigación que incluye funcionarios, dirigentes del Partido Popular español y ejecutivos de empresas, de los cuales ocho permanecen en prisión preventiva por delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, lavado de dinero, fraude, entre otros.
El caso incluye desvío de dinero, presunto financiamiento irregular a esa formación, así como el pago de sobornos de empresarios a funcionarios a cambio de concesiones de obras.
El viernes pasado fue detenido el consejero de OHL y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, por pagar a González 1.4 millones de euros desde la filial de la constructora en México a una cuenta bancaria que el político poseía en Suiza.
El juez Velasco dictó libertad bajo fianza de 100 mil euros que tiene como plazo para pagarlos antes de este viernes.
Además de OHL, Velasco investiga también a la empresa Indra, la consultora PriceWaterHouseCoppers y otras firmas presuntamente vinculadas en contratos ilegales de obras y servicios con la Comunidad de Madrid a cambio de financiamiento irregular al PP.
Otros casos de presunta corrupción de OHL
En México, la constructora también tiene antecedentes de presunta corrupción con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues presuntamente su titular, Gerardo Ruiz Esparza filtró información privilegiada a la empresa previo a la licitación del Viaducto Elevado La Raza-Indios Verdes-Santa Clara en febrero de 2015.
Otro caso fue la denuncia que presentó la empresa Infraiber contra OHL y la SCT por una presunta ampliación ilegal de la concesión de la autopista México-Orizaba y el Libramiento de Perote, así como un incremento extraordinario de las tarifas de peaje hasta 6% durante seis años consecutivos.
Un tercer caso ocurrió en 2015, cuando se filtraron audios que presuntamente revelaron un “fallo adelantado” en la Central de Ciclo Combinado Empalme 1, en el que estuvieron vinculados los ex directores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, Emilio Lozoya y Enrique Ochoa Reza, respectivamente.