La Ley Fintech, que busca regular a instituciones de tecnología financiera (fintech), aprobada esta semana por el pleno del Senado y enviada a la Cámara de Diputados, para algunos participantes logra su objetivo de ser un marco regulatorio para impulsar a la industria, mientras que otros consideran que es muy temprano legislar un sector en pleno desarrollo.
Algunas de las penalidades señaladas en el proyecto de ley van desde tres a nueve años de cárcel y multas que de entre 377 mil 300 pesos y 11.3 millones de pesos (según el valor de la Unidad de Medida y Actualización del INEGI) a quien utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de los recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales de los clientes.
Hay posibilidad de agravante si quien realiza estas prácticas es un socio, consejero o tercero con acceso a esta información de hasta seis a dieciocho años y multas de hasta 22.6 millones de pesos.
El desvío de recursos, fondos de pago o activos virtuales por directivos o socios de las plataformas también es considerado como delito con penas que arrancan en los 4 años de prisión.
Las instituciones e individuos que operan con activos virtuales no autorizados también son objeto de delito.
Para algunos participantes de servicios tecnológicos, la regulación inhibe de cierta forma la innovación y el desarrollo de nuevas compañías en esta industria, algo que se había pactado como uno de los objetivos cuando se estableció crear una legislación para el sector fintech.
Se señala que en el mundo no se está regulando esta industria y esto en términos generales sería bueno para nuestro país.