La Comisión Federal de Competencia Económica solicitó a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal que interponga los recursos constitucionales que tenga disponibles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar las restricciones de distancia mínima entre gasolineras en Coahuila.
El pasado 24 de enero, el Congreso de la entidad modificó la Ley de Asentamientos Urbanos y Desarrollo Urbano en la que estableció que no puede haber dos gasolineras en un radio de mil 500 metros en zonas urbanas y 10 mil metros en zonas carreteras rurales, lo que atenta contra la competencia efectiva en este mercado y beneficia a los empresarios que ya tienen una estación de servicio en la entidad.
Esta es la primera vez que la COFECE hace uso de esta facultad, que tiene por objeto promover marcos regulatorios consistentes con los principios constitucionales en materia de competencia.
En un comunicado, la dependencia precisó que la solicitud se basa en que la norma referida podría vulnerar los artículos 5 y 28 constitucionales.
Además, existe el antecedente de que la SCJN determinó que las disposiciones que fijan requisitos de distancia entre comercios de la misma clase son inconstitucionales.
“Asimismo, el máximo tribunal sostuvo que el proceso de libre competencia y concurrencia es de interés social y orden público, por lo que los órganos del Estado deben privilegiarlo por encima del interés particular”, abundó el organismo.
Esta reforma, detalló la COFECE, podría impedir el establecimiento de estaciones de servicio en ciertas zonas geográficas sin que existan argumentos válidos que lo justifiquen y la medida garantizaría márgenes de ganancia a favor de los agentes ya establecidos y reduciría las opciones de compra para los consumidores, situación que permitiría mejorar las condiciones de calidad y servicio.
“El número de estaciones de servicio y la presión competitiva que ejercen entre sí en una localidad o zona, tienen impacto directo en los márgenes de ganancia obtenidos por cada unidad de negocio y, en consecuencia, en el nivel de precio final de la gasolina pagado por los consumidores”, señaló.
El órgano descentralizado dirigido por Alejandra Palacios recordó que desde septiembre de 2015 recomendó al gobierno local que no se promulgara esta reforma y aunque el ejecutivo devolvió el proyecto de decreto a la legislatura para su revisión éste fue aprobado en sus términos originales.
Coahuila no es la única entidad en esta situación, pues existen regulaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz imponen barreras similares para las actividades de expendio de combustibles.
Sin embargo, la COFECE no puede solicitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad pues son restricciones normativas que existen hace tiempo, aunque aseguró que los gobiernos locales están obligados a contribuir a una transición exitosa en la apertura del mercado de los combustibles en beneficio del consumidor.