La propuesta del PRI de que los partidos políticos renuncien al financiamiento público de sus campañas y esos recursos se destinen a las tareas de reconstrucción y de las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre no fue del todo bien recibida en el Instituto Nacional Electoral (INE) y entre otros observadores y analistas políticos.
Una iniciativa que en principio sonaría razonable ante la tragedia ocasionada por el terremoto de 7.1 grados que devastó a la Ciudad de México, Morelos, pero a decir de los consejeros del INE, la medida podría generar distorsiones en el proceso democrático, ya que implica “privatizar las campañas”, con el riesgo de que la procedencia de los recursos sea ilícita.
“Si no hay financiamiento público quiere decir que las campañas serán con puro financiamiento privado, eso en una economía tan desigual como la nuestra hay que reflexionarlo con mucho cuidado, sería privatizar las campañas”, de acuerdo con el consejero Ciro Murayama.
“Hay razones de fondo para que nuestro sistema de partidos prevalezca el financiamiento público, justamente es para evitar financiamientos de intereses privados o poderes fácticos legales o ilegales que podrían distorsionar la competencia democrática. Esto no impide que eventualmente puedan disminuirse los montos”, apuntó el consejero Jaime Rivera.
Para analistas políticos también habría una ventaja para el PRI por ser el partido en el poder y por ello tener una mayor posibilidad de acceder a recursos gubernamentales, frente a otras fuerzas, como Morena, de reciente creación.
Además, el gobierno será el que ejerza estos recursos dejando la percepción en la gente de que es de quien recibieron el apoyo y por ende el PRI saque ventaja de ello, por lo que es más recomendable reducir los recursos asignados, consideran algunos expertos.