La Cámara de Diputados aprobó por 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, reformas para crear la Guardia Nacional. La iniciativa ahora deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.
Este dictamen presentó modificaciones respecto al que ya se había aprobado en diciembre por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se destaca que dentro de ellos el cambio de adscripción de la nueva institución de seguridad pública, que anteriormente se pretendía estuviera a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Ahora hora, se estipula que su dirección será de carácter civil.
Se establece, sin embargo, que la Guardia Nacional tendrá una Junta de Jefes del Estado Mayor, misma que se integrará por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y por militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina.
Tatiana Clouthier, diputada por Morena, presentó un voto de abstención con una reserva para que la Junta de Jefes del Estado Mayor no se integrara en la Constitución sino en la Ley de la Guardia Nacional.
“Compañeros diputados y diputadas, y especialmente me dirijo a los de la coalición Juntos Haremos Historia, les recuerdo que la propuesta de campaña fue pacificar al país y desmilitarizarlo paulatinamente”, sostuvo Clouthier ante el pleno. La propuesta fue rechazada.
La Guardia Nacional tendrá un régimen homologado al de las fuerzas armadas en lo que concierne a su estructura jerárquica, de disciplina, de prestaciones, ingreso, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas.
En el dictamen se reconoce el riesgo “en uno u otro grado” de que los elementos castrenses cometan violaciones a los derechos humanos una vez que ejerzan sus funciones de seguridad pública.
También se especificó en el artículo primero transitorio del dictamen, que una vez que entren en vigor las reformas planteadas se dan 90 días para que el Congreso de la Unión expida la Ley de la Guardia Nacional, hay que destacar que en el primer dictamen se daban 60 días.
Se estipula también que tres años después de que entren en vigor las reformas el ejecutivo federal deberá presentar, a través de la SSP, un plan para reestructurar de manera orgánica y funcional las instituciones de seguridad pública civiles “bajo un esquema calendarizado para que reasuman el ejercicio de su función, de manera gradual y continua”.
Destaca también la eliminación de la facultad que se le pretendía otorgar al Poder Legislativo para poder disolver a la Guardia si así se necesitara.
Legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) criticaron que las nuevas reformas planteadas no habían sido comunicadas con la antelación además de que no se dio voz a las recomendaciones de la sociedad civil y expertos.
“La Guardia Nacional no funcionará para garantizar la seguridad, y no me quiero quedar con la memoria de ellos cuando han actuado en Aguas Blancas, Palmarito, Tlatlaya, Ayotzinapa y sentencias como los casos Rosendo Cantú, Cabrera y García, Montiel Flores, Alvarado Espinosa, Trueba, Arciniega y muchos otros”, aseguró la diputada de MC, Martha Tagle Martínez.