Debido a que no fueron consideradas las recomendaciones del sector privado, muchas de ellas basadas en evidencia técnico-científica, los sectores productivos participantes en el Comité de Normalización, tomamos la determinación de votar en contra del proyecto de la NOM 051.
Así lo informó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado en el que además destaca “a pesar de que la consulta pública” es la que mayor participación ha registrado en la historia de nuestro país, las autoridades responsables del proceso de normalización “no tomaron en cuenta la información puesta en la mesa por los productores del campo, pequeños y medianos empresarios, asociaciones de pacientes, nutriólogos y profesionales de la salud, la Comisión Federal de Competencia Económica, los gobiernos y productores de socios comerciales internacionales, además de especialistas en propiedad intelectual, entre otros”.
Lo que destaca el CCE son preocupaciones que “han sido compartidas por Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.
Asimismo el organismo cúpula de la IP considera que el etiquetado impuesto por las Secretarías de Economía y Salud “no resolverá el problema de salud que sufre México sino, por el contrario, resultará en menor información disponible para los consumidores”.
Hace ver que las autoridades que encabezaron el análisis de la Norma Oficial Mexicana 051 (NOM051) sobre etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, desestimaron la opinión presentada por cientos de organizaciones y el sector privado.
Asimismo el CCE reafirma en el comunicado “su compromiso de contribuir a desarrollar el mejor etiquetado para los mexicanos, y continuar con los esfuerzos por reformular sus productos, reducir las porciones, promover la actividad física y estilos de vida saludables”.
Asegura también que el etiquetado debe tener como principios: advertir clara y verazmente las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio; informar con datos precisos sobre sus contenidos específicos, pues sólo así el consumidor podrá comparar entre productos.
Además debe incentivar la reformulación y la reducción del tamaño de las porciones, estar basado en evidencia científica y ser congruente con el marco jurídico nacional e internacional.