Humberto Castillejos, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar los cuatro impuestos "ecológicos" creados por el Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas y que entraron en vigor el 1 de enero.
La controversia se presentó el 14 de febrero y hasta el jueves pasado la SCJN no había notificado su admisión a trámite, cuyo desahogo tomará varios meses.
Para invalidar cualquiera de los impuestos, será necesario el voto de al menos 8 de los 11 Ministros de la Corte.
Con los impuestos “ecológicos” el Gobierno de Zacatecas espera recaudar mil 230 millones de pesos en 2017.
El pasado 16 de febrero el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas admitió la demanda de amparo promovida por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, en contra del impuesto ecológico; sin embargo, esta acción no concedió la suspensión provisional, por lo que la carga impositiva sigue vigente hasta que se celebre una audiencia, en donde es necesario acreditar el daño inminente e irreparable a los trabajadores mineros y a los que dependen indirectamente de esta actividad.
La audiencia entre representantes de la Asociación de Ingenieros de Minas y la Segunda Legislatura en Zacatecas y otras autoridades implicadas se realizará mañana 21 de febrero a las 09:30 horas.
Estos son los impuestos que se cobran a la minería y que entrarían en proceso de revisión:
- Impuesto remediación ambiental por extracción de materiales, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros.
- Gravamen que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.
- El gobierno zacatecano cobra 25 pesos por cada 100 metros cuadrados afectados por sustancias contaminantes.
- Recaudación de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.