La calificadora Moody's advirtió al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que la propuesta de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dependan de la Secretaría de Energía (SENER), es un error, dado que ello fracturaría la imparcialidad de los reguladores, lo que constituye una amenaza para las empresas de este importante sector y por ende, podría afectar la calidad crediticia del país.
"La autonomía de la CRE y la CNH fue un pilar importante de la reforma energética de 2013 que abrió el sector energético de México a la inversión privada. La ley propuesta por legisladores del partido Morena, sería un paso hacia atrás y afectaría la calidad crediticia soberana de México al socavar nuestra evaluación en cuanto a su fortaleza institucional", afirmó la agencia.
Moody´s señaló que si se subordina a la CRE y la CNH, que actualmente son independientes y autónomas, se debilitaría el marco institucional del gobierno de México (A3 estable), que es un factor importante en su análisis sobre su capacidad crediticia.
"La propuesta de los aliados en el Congreso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendría varias implicaciones negativas para los sectores petroleros y de energía de México si se aprobara tal como se presentó, erosionando la transparencia e imparcialidad regulatoria en la industria de la energía y, por lo tanto, generando una mayor incertidumbre y aumentando el riesgo empresarial", aseguró.
Moody's también señaló que este eventual cambio al marco regulatorio erosionaría la confianza de los inversionistas y generaría dudas sobre la consistencia de las políticas del nuevo gobierno de AMLO.
"El gobierno entrante busca reducir la burocracia percibida con el objetivo de acelerar las aprobaciones para nuevas inversiones en el sector energético mexicano. "Sin embargo, la subordinación de los reguladores a la agenda del gobierno aumenta el riesgo empresarial para la industria de la energía en México para proteger los contratos existentes y evitar conflictos de intereses entre las agendas fiscales y políticas a corto plazo del gobierno y la gestión adecuada de los negocios y activos energéticos", sostuvo Moody´s.
La nueva ley que se propone también debilita el intercambio transparente de información entre los participantes de la industria, incluidos los controlados por el gobierno, como los de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Eletricidad (CFE).
"El sector energético depende de grandes cantidades de capital para desarrollar proyectos a largo plazo en términos de construcción y rendimiento de la inversión. La falta de un marco regulatorio claro para respaldar las inversiones a largo plazo más allá de las agendas políticas de los gobiernos a corto plazo desalentaría el interés privado para desarrollar los sectores del petróleo, el gas natural y la electricidad", asegura Moody´s.