Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señaló que considerar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada es excesivo ya que implicaría transgredir las garantías individuales de cualquier contribuyente.
Indicó que “no estamos coincidiendo con las formas en que se quiere combatir el delito de evasión fiscal. Lo que está haciendo el gobierno federal es generar una herramienta legal que le permita no tener límites en ningún caso y usar todo el aparato del Estado cuando quiera y con quien sea sin respeto de garantías individuales”.
Hay que señalar que incluso la evasión fiscal que afecte a las finanzas públicas se considerará como una amenaza a la seguridad nacional e incluso la defraudación fiscal que exceda los 7 millones de pesos "sería catalogado como crimen organizado".
La iniciativa de igual forma busca que se incrementen las penas entre cinco y ocho años de prisión a quienes vendan facturas falsas y a quienes las adquieran. En la iniciativa también se contempla que la defraudación fiscal amerite prisión preventiva oficiosa.
Se proponen también reformas en el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal de Procedimientos Penales, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional.
Esquer Félix, insistió en que si bien el organismo empresarial está de acuerdo en que haya un combate a la operación de las empresas fantasma, no coincide con las formas del gobierno. “Lo que nosotros hemos insistido al procurador fiscal de la federación y a los senadores es que no todas las empresas se relacionan con empresas fantasma".
Agregó que “una empresa que no declare un ingreso, no la vuelve una persona relacionada con el crimen organizado, la hace una persona que actúo de manera indebida y si bien es un defraudador fiscal, no tiene que estar relacionado precisamente con el crimen organizado”.
Por otra parte, con respecto al castigo para quienes venden y compren facturas falsas, comentó que también puede haber operaciones en las que de manera involuntaria una empresa pudo haber tenido una operación con una facturera de este tipo.
“Lo que ocurre en la práctica, es que si yo hice una operación hace dos años, compré tres computadoras y resulta que después esa empresa la enlistan porque no la localiza el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues también a mí me consideran un enemigo potencial de la patria”.
Señaló que bajo esta situación, en lo que comprueban lo que realmente pasó, se asume que presuntamente estoy relacionado con el crimen organizado y hay que defenderse, pero desde la cárcel.
“A nosotros nos parece un exceso. Es como querer combatir un problema con un cañón, cuando lo que realmente necesitas es un rifle de precisión”.